Panamá, 19 de julio 2017.

Honorable Diputada
Yanibel Abrego
Presidenta de la
ASAMBLEA NACIONAL

Señora Presidenta:

En virtud de los dispuesto en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, que establece el ejercicio de la iniciativa ciudadana, presento, como ciudadano panameño, para su consideración el Anteproyecto de Ley, Que modifica el artículo 116 del Código Procesal Penal, determinando la imprescriptibilidad de los delitos Contra la Administración Pública, el cual merece la siguiente:

Exposición de Motivos

En ejercicio de la iniciativa ciudadana que nos confiere el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a la consideración de  esta Augusta Cámara, modificaciones al Código Procesal Penal de la República de Panamá.

La corrupción y la inequidad social están directamente relacionadas y son la causa de la disconformidad ciudadana.

Los efectos de la corrupción son muy difíciles de medir porque, además del impacto económico que tiene sobre el presupuesto del Estado, está el daño social que incide en el desarrollo humano coartando las posibilidades a muchos panameños de tener una vida digna.

La Ley 42 de 1998, que ratifica e integra a nuestra normativa jurídica la Convención Interamericana Contra la Corrupción, incluye en su preámbulo la necesidad de combatir la impunidad para combatir la corrupción: “Teniendo presente que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad V que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva…”

La investigación de los casos de corrupción a menudo encuentra obstáculos debido a que las personas Involucradas logran infectar las diferentes instituciones lo que hace de la persecución de los corruptos una tarea que puede tomar varios lustros, en Panamá tenemos  numerosos ejemplos de funcionarios públicos que han evadido la justicia, garantizándose impunidad e Incentivando esta mala práctica.

Es por esta razón que en países como Perú, Puerto Rico, Venezuela, Bolivia y Ecuador han incluido en su legislación la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, fundamentando su en la equiparación del impacto de dichos delitos con los de lesa humanidad.

Puerto Rico desde el año 2004, en su Código Penal Artículo 100 establece que:

“en los siguientes delitos la acción penal no prescribe: delito grave de primer grado, genocidio, crimen de lesa humanidad, asesinato, secuestro y secuestro de menores, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos públicos y todo delito grave tipificado en este Código o en ley especial cometido por un funcionario o empleado público en el desempeño de la función pública”

Por otro lado, Ecuador, en su Constitución actual, en su artículo 233, indica que

“Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuaran incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas.”

En Venezuela establecen que

“… No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes.”

Mientras que en Bolivia, en el artículo 1 12, se establece que

“los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”. Además, explícitamente indica que los delitos mencionados son equiparables al genocidio, lesa humanidad, traición a la patria y crímenes de guerra.

A estos países se suman Argentina y México que ya iniciaron un debate formal para incluir la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción para evitar la impunidad, y Panamá debe elevarse a estas nuevas exigencias en el tema de combate a la corrupción.

Por esta razón los ciudadanos miembros de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA, MOVIN, GENERACIÓN SIN LIMITES, así como ciudadanos independientes, presentamos hoy este proyecto de ley y esperamos contar con el apoyo de todos los diputados que comparten con nosotros la preocupación sobre el efecto devastador que tiene la corrupción sobre la economía, la gestión pública y la confianza ciudadana sobre el Estado y sus instituciones.


Países mencionados

  • Venezuela
  • Bolivia
  • Ecuador
  • Puerto Rico
  • Argentina
  • Mexico

Normas mencionadas

  • Reglamento Orgánico de la Asamblea Nacional
  • Ley 42 de 1998, Convención Interamericana Contra la Corrupción
  • Código Procesal Penal

Denominación

  • Anteproyecto de ley No. 43
  • Proyecto de ley 514
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