Jurisprudencia: Delitos contra el Honor, Términos & Acción Penal Centro de Recepción de Denuncias Derecho Penal Honor

Se trata de un Delito Contra el Honor ocurrido el 7 de septiembre de 2005, el abogado del querellante (el ofendido) tenía a partir de esta fecha un término de 2 meses antes de que prescribiera la acción penal. Pese a lo anteriormente expuesto, el abogado de la parte querellante presentó escrito de querella penal por el delito anteriormente mencionado el día 8 de noviembre de 2005, cuando el término terminaba el día 7 de noviembre de 2005. El querellante argumenta que su actuación se justificó en la decisión del Órgano Judicial de declarar inhábil el día 7 de noviembre de 2005, por lo que el término pasaba a vencer el día 8. Por su parte el abogado del querellado argumento correctamente (a nuestro concepto) que dicho término no se aplazó, toda vez que el Centro de Recepción de Denuncias permaneció abierto al público y operativo el día 7.

El Caso

El accionante considera que en el proceso seguido a el querellado por un delito contra el honor, en perjuicio del querellado, se ha violado el debido proceso, habida cuenta que la querella penal necesaria incoada por el apoderado judicial del querellante fue presentada de manera extemporánea, toda vez que la misma debió presentarse dentro del término de los dos meses contados a partir de la ocurrencia del hecho, y como quiera que en el caso en estudio, al ocurrir el hecho el 7 de septiembre de 2005, el querellante tenía hasta el 7 de noviembre de 2005, para presentar la querella, pero la misma fue presentada el 8 de noviembre de 2005, es decir, un día después, con lo cual, según el amparista, se viola el debido proceso al desconocerse lo dispuesto en el artículo 34-g del Código Civil.

  • Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá
  • Sala: Pleno
  • Ponente: Luis Ramón Fábrega Sánchez
  • Fecha: 17 de febrero de 2012
  • Materia: Amparo de Garantías Constitucionales / Apelación

Consideraciones del Pleno de la Corte

Corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, resolver la alzada, la cual tiene como antecedente inmediato la Resolución de 5 de diciembre de 2011, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual no concedió la acción de amparo de garantías constitucionales.

Ahora bien como quiera que nos encontramos dilucidando el recurso de apelación presentado contra la Sentencia de amparo, mencionada en el párrafo anterior, este Tribunal de amparo como Tribunal de alzada, debe circunscribirse en el análisis sobre lo alegado por el apelante.

En ese orden de ideas, se aprecia que el apelante centra su disconformidad con el fallo impugnado, en el hecho de considerar que si bien por disposición del Decreto Ejecutivo N° 523 de 31 de octubre de 2005 y el Acuerdo N° 500 de 1 de noviembre de 2005, se ordenó el cierre de los despachos del Ministerio Público y judiciales el 7 de noviembre de 2005, no debe perderse de vista que el Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público está abierto las 24 horas, por tanto el querellante bien pudo presentar su querella penal el 7 de noviembre ante esa entidad; sin embargo la presentó el día siguiente, trayendo como consecuencia su extemporaneidad por haberse presentado después del plazo de los dos meses establecido en el artículo 2004 del Código Judicial.

Sobre este aspecto en particular, es que esta Superioridad centrará su análisis, para así determinar si le asiste o no razón al apelante dentro del presente proceso constitucional.

En ese sentido se tiene claro que los delitos contra el honor forman parte de los denominados delitos de instancia privada, lo que significa que para ponerlos en conocimiento del Ministerio Público, se requiere de la interposición de una querella penal necesaria, en atención a lo dispuesto en el artículo 1957 del Código Judicial. Pero adicional al requisito de procedibilidad anterior, esta querella debe presentarse dentro del término de dos meses contado a partir de la comisión del hecho instantáneo o de la realización del último acto si se tratare de un delito continuado, pues así lo exige el artículo 2004 del Código Judicial.

Al ser los dos tipos de delitos contra el honor, delitos instantáneos, se requiere constatar cuando ocurrieron para empezar a contar el término de los meses aludidos para la presentación de la querella necesaria. Al Respecto quedó comprobado en el caso que nos ocupa, que el hecho objeto de la investigación penal se dio el 7 de septiembre de 2005, cuando el señor querellado dio unas declaraciones durante el programa “La Palabra”,transmitido por KW Continente.
Tomando como fecha cierta el 7 de noviembre de 2005, como la de la ocurrencia del hecho investigado penalmente, conlleva a que la querella penal debía presentarse a más tardar el 7 de noviembre de 2005. No obstante, téngase presente, y así consta en el expediente, que a través del Decreto Ejecutivo N° 523 de 31 de octubre de 2005 y el Acuerdo N° 500 de 1 de noviembre de 2005, se ordenó el cierre de los despachos del Ministerio Público y judiciales, el día 7 de noviembre de 2005, de manera que en atención al artículo 509 del Código Judicial, el término se corrió hasta el próximo día hábil, que fue el 8 de noviembre de 2005, y fue en este día que se presentó la querella penal contra el querellado por el hecho antes mencionado.

Ahora bien, el punto medular impugnado por el apelante, es que considera que si el 7 de noviembre de 2005, el Centro de Recepción de Denuncias estaba abierto, entonces el querellante debió presentar la querella penal ese día, y no el día siguiente.

Sobre este particular, se aprecia que la disyuntiva se centra en determinar si la querella penal debió presentarse ante el Centro de Recepción de Denuncias el 7 de noviembre de 2005, que estuvo abierto, a pesar del cierre de los despachos del Ministerio Público y judiciales, por Decreto Ejecutivo; o si le asistía la posibilidad a la víctima de presentar la querella el 8 de noviembre de 2005, en atención al cierre de los despachos del Ministerio Público y judiciales el día 7 de noviembre de 2005.

En esa línea de pensamiento, es un hecho conocido que el Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público, está abierto las 24 horas, y está habilitado para receptar las denuncias en aquellos casos en que esté plenamente comprobada la violación de la Ley penal, pues así lo establece los considerandos de la Resolución que puso en funcionamiento a dicho Centro, es decir, la Resolución N° 10 de 22 de agosto de 1996, de la Procuraduría General de la Nación.

No obstante, no puede soslayarse el hecho que cuando una acción, solicitud, querella, o recurso está sujeta a un plazo para su presentación, debe entonces atenderse y tomarse en cuenta dichos plazos, así como los hechos, eventos, acontecimiento o circunstancias que afectan a dichos plazos.

En el caso en estudio, se trata de una querella penal necesaria interpuesta por un delito Contra el Honor, la cual está sujeta a un plazo de presentación, que como se dijo, es de dos meses contados a partir de la ocurrencia del hecho. De manera entonces que la querella in comento al estar sujeta a un plazo perentorio para su presentación, cualquier circunstancia que afecte el cómputo de dicho plazo, sea en detrimento o en beneficio de quien pretende querellar, debe ser tomado en cuenta por las autoridades del Ministerio Público, así como los Despachos Judiciales, al momento de recibir la respectiva querella y constatar si está o no presentada dentro del término de Ley.

En atención a lo anterior, se ha podido constatar que en el proceso penal en estudio, el plazo que tenía el querellante para presentar su querella, se vio afectado, no por circunstancias propias, sino por el Decreto Ejecutivo 523 de 31 de octubre de 2005, expedido por autoridad competente, que implicó el cierre de las instituciones públicas, entre ellas el Ministerio Público, el 7 de noviembre de 2005, con la consecuente suspensión de los términos, coincidiendo este día con el último día que tenía el querellante para presentar su querella penal.

Por tanto, en virtud del cierre de los Despachos del Ministerio Público, con la consecuente suspensión de los términos el 7 de noviembre de 2005, le extendió la posibilidad a la víctima de presentar la querella necesaria hasta el próximo día hábil, que fue el 8 de noviembre de 2005. Ello en atención a lo dispuesto en el artículo 509 del Código Judicial, que señala que:

“cuando el día señalado no se pueda efectuar una diligencia o acto por haberse suspendido el despacho público o el término correspondiente, tal diligencia se practicará el día hábil siguiente en las mismas horas ya señaladas sin necesidad de nueva resolución”.

De igual forma, y tal como lo mencionó el fallo de primera instancia, no puede desconocerse el hecho que por tratarse, en este caso, de un plazo de meses, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 34f del Código Civil, el cual establece que:

“cuando se dice que un acto debe, ejecutarse en o dentro de un plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la medianoche en que termina el último día de plazo; …”.

Así las cosas, este Tribunal Colegiado llega a la convicción que, en atención del Decreto Ejecutivo y Acuerdo, mencionados en párrafos anteriores, el querellante tenía la posibilidad de presentar la querella respectiva hasta el 8 de noviembre de 2005, y como quiera que así lo hizo, la misma no resulta extemporánea, y por tanto la apertura del proceso penal seguido en contra de el querellado, no resulta violatorio del debido proceso constitucional, de manera que se procederá a confirmar la sentencia de amparo venida en apelación.

Observaciones

Declarar que los términos para el ejercicio de la acción penal se interrumpen por una orden del Órgano Judicial sería desconocer que:
  1. Desacredita que el Centro de Recepción de Denuncias existe como el instrumento mediante el cual el estado ejercita (como elemento privativo de si) el ius puniendi, esto en la medida que facilita el acceso a la justicia, que no puede ser nunca pospuesta o suspendida en sus efectos por artificio alguno salvo el desvanecimiento del propio estado.
  2. Que toda vez que la oportunidad del querellante para ejercitar la acción correspondiente ante las autoridades no fue afectada realmente puesto que el Centro de Recepción de Denuncias pudo atenderle de haber acudido a dicha institución, se hace evidente que la corte extendió artificialmente el término sin una justificación legal sólida.
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